La Nueva Crónica

















13/04/2019AA
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Historia incompleta del gran timo en el oeste español

Digo ‘historia incompleta’ porque un estudio pormenorizado de la documentación que he ido recopilando sobre las actuaciones públicas sobre tres ejes de civilización y desarrollo del oeste peninsular, a saber, la Cañada, la Calzada, ambas de la Plata, y la Línea del Oeste, requeriría cursar un máster, un verdadero máster, se entiende. Dichas tres arterias, desde la antigüedad, a nuestros días, atesoran un acervo excepcional del discurrir histórico de la Península, de impronta humana y comercial. En la actual organización territorial son patrimonio de las provincias de León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz. 


En 1985, el Ministerio de Transportes recibe un documento sobre el ‘Aprovechamiento turístico de las cañadas reales’. De gran interés, porque no solo contempla el reconocimiento topográfico de estos caminos de trashumancia, también aborda su posible lucro económico. De forma especial, de la Cañada Real de la Plata (o de La Vizana), desde la comarca de Luna a Trujillo; así, se sugieren actuaciones posibles de empresas públicas y mixtas; aparecen detallados recursos patrimoniales y recreativos, fauna, clima, paisaje… Han pasado tres decenios largos y ninguna actuación relevante, ni siquiera una señalización continuada se ha llevado a cabo en aras a poner en valor un bien natural tan excepcional.



El uno de enero de 1985 entró en vigor un decreto del Gobierno, por el cual, entre las líneas de ferrocarril suprimidas, por ser consideradas deficitarias, se incluía la de Astorga / Palazuelo, denominada desde su origen como Línea del Oeste (la asignación de ‘la Plata’ surge en 1969, para el TER hasta Gijón); una disposición posterior, de 1996, determinaba su definitiva clausura. Finiquitaba, de esta suerte, todo un trasiego humano y comercial, de importancia para el traslado militar durante las diversas guerras desde fines del XIX; de un empeño que, contra el criterio capitalino, sacaron adelante varios políticos astorganos (la Línea culminó su trazado en Astorga en 1896). 



Recorrer ahora esta vía férrea es una desolación. Abandonada por los Ministerios de Fomento, la maleza, la rapiña, la destrucción, se han enseñoreado de su balastro, sendas laterales y patrimonio arquitectónico. En varios de sus tramos han sido arrancados los raíles, para simple venta, o bien para configurar unos caminos ‘verdes’ (ahora en trámites desde Hervás a Salamanca). Todo un disparate, incentivado en los últimos tiempos por la empresa pública Adif, encandilada por endilgar este bien patrimonial. Repasar las insensateces de las propuestas en el Congreso, en diputaciones y ayuntamientos, encorajina el ánimo. Más peregrina está siendo la última idea, pregonada por políticos de aquí y acullá, de reabrirla. ¡Una línea férrea amputada en sus raíles, con las estaciones y apeaderos arrumbados, con unas instalaciones inexistentes u obsoletas! Al menos hubiera sido de provecho demandar al Ministerio detener su expolio. 



Si a la Cañada y a la Línea del Oeste las han asistido el infortunio, a la tercera arteria, cercana a las anteriores cuando no coincidente, la Calzada o Vía de la Plata, desde Mérida hasta Astorga, han acudido chupópteros por los cuatro puntos cardinales. Con un agravante: se han invertido millones de euros, con su itinerario como pretexto, algunos aportados por fondos comunitarios, para actuaciones ajenas a ella. Para ello, las dos autonomías por donde discurre, la de Castilla y León, y Extremadura, han incoado expedientes para la declaración de BIC de tal bien (¡en 2001 y 1997!), pero sin afán de resolución final; con esta treta pueden acudir a subvenciones europeas. A día de hoy, es para sorprenderse, solo cuenta con declaración patrimonial la Calzada en su tránsito por Salamanca, según decreto aprobado por el gobierno republicano el 3 de junio de 1931. 



Fruto también del galimatías existente, en cuanto a los caminos históricos, es el hecho de que regiones ajenas a la Calzada, como Asturias o Galicia, ‘amañen’ una engañosa legalidad; así, la primera se ha inventado un «Ramal transmontano de la Ruta de la Plata’, y la segunda, una ‘catalogación’ de una ‘Via da Prata’, que nacería en Granja de Moreruela, y vía Orense, como camino peregrino, finalizaría en Santiago. Andalucía, la tercera región usurpadora, no ha iniciado trámites relevantes. El timón de la falsificación lo viene llevando a cabo, desde 1997, la ‘Red de Cooperación de Ciudades de la Ruta de la Plata’, la cual, con triquiñuelas, sigue orientando el flujo turístico por la carretera y autovía de Gijón a Sevilla. Desde 2014, trajinan, en balde, para declarar una falsa vía de la plata Patrimonio de la Humanidad y, recientemente, como Itinerario Cultural Europeo; en este último propósito sí que se ha de estar alerta porque los tentáculos de su poder son casi ilimitados. 



Como el lector puede apreciar, el acontecer de la Cañada y la Línea del Oeste, y sobremanera de la Vía de la Plata, muestra una política marrullera por parte de diversas administraciones españolas. Algún día puede que tengan que dar cuenta de este gran timo, de gestión y falsificación; supondría un nuevo punto de partida. Para ello, a falta de un máster, podría suplirlo un buen resumen.

30/03/2019AA
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Una lengua necesitada de atención
Por Juan José A. PerandonesVER TODOS SUS ARTÍCULOS

Se está celebrando estos días, en la ciudad argentina de Córdoba, una nueva edición del Congreso Internacional de la Lengua Española. El nombre del propio lugar que lo alberga, reducido de su primera denominación en 1573, ‘Córdoba de la Nueva Andalucía’, ya ilustra la herencia cultural, patrimonial y lingüística, españolas, de esta parte de América.


El Congreso, desde su primera edición, en 1997 –de carácter trianual, con salvedades–, aparte del lema, que sirve como anunciador de los asuntos objeto de discusión, suscita debates paralelos: sobre la colonización, la reivindicación de las lenguas indígenas, el rigor ortográfico… Los temas de reflexión, durante estos días, por parte de más de 200 escritores, académicos y lingüistas de 32 países, versan sobre ‘América y el futuro del español. Cultura y educación, tecnología y emprendimiento’.


A reserva de las conclusiones finales, el actual Congreso, una vez más, acoge iniciativas populares y sirve como altavoz reivindicativo. En su inmediato entorno se han instalado una serie de carpas, con el ánimo de discutir en ellas aspectos no contemplados en la programación; o bien empeños curiosos, como puede ser, para adentrarnos en los orígenes del castellano, el llevado a cabo por la Fundación de San Millán, de La Rioja, con un taller de caligrafía medieval. 


Junto a las ponencias previstas, dos temas han saltado a la palestra: la polémica desatada por el presidente mexicano, Obrador, al enviar al rey Felipe (y al papa Francisco) una carta en la que solicita pida disculpas por lo que considera «agravios» cometidos durante la colonización; y, asimismo, el llamado ‘lenguaje inclusivo’. Vargas Llosa, con la competencia que lo caracteriza, respondió a este mandatario con ‘mordientes’ palabras: «Tendría que habérsela enviado a sí mismo y responder por qué México, que se incorporó al mundo occidental hace 500 años y desde hace 200 disfruta de plena soberanía como país independiente, tiene todavía a tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes y explotados».


En cuanto al ‘lenguaje inclusivo’ ya se han pronunciado los gramáticos más relevantes, las Academias, sobre lo artificioso y negativo de los desdoblamientos, y del uso espurio de la arroba; una buena síntesis está accesible en: ‘http://www.rae.es/consultas/los-ciudadanos-y-las-ciudadanas-los-ninos-y-las-ninas’. Pero con el propósito de tener su momento en el Congreso, para la defensa peculiar del anterior fin, se trasladó a Córdoba la que fuera vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega. El director de la Academia Mexicana, Gonzalo Celorio, le respondió con unas manifestaciones a favor de la visibilidad de la mujer en el lenguaje. Pero con unas observaciones, comprensibles para cualquier lego y lega, como que «no se habla por decreto». Y se socorrió de un ejemplo palmario: «Se puede decir los niños y las niñas, pero ese desdoblamiento a veces resulta terriblemente artificial. Ahora, para ser políticamente correcto, uno tendría que decir el perro y la perra son el mejor amigo y la mejor amiga de la mujer y del hombre, indistinta y no siempre respectivamente».


Les cabe a los españoles el ser el pueblo que, con los avatares propios de su tiempo, llevó a América una lengua, una religión y una civilización entroncada en la cultura occidental. La lengua es la urdimbre que une la expresión y la sensibilidad de los pueblos. Pues bien, en nuestra nación es donde más ‘acometidas’ sufre. En primer lugar, con la omisión de la denominación más aceptable, que es la de español, y no castellano; le conviene la misma por referirse de modo ‘unívoco’ a la lengua de un ingente número de hablantes de varios continentes; asimismo, porque así se menciona internacionalmente (‘spanish’, ‘espagnol’, ‘spagnolo’, etc.). Procede, pues, reservar el término castellano para referirse al dialecto románico nacido en Castilla durante la Edad Media, y en caso de que se aluda a las distintas lenguas reconocidas en el Estado. 


Al albur de este Congreso cabe el preguntarse si, para nosotros, el español no es una ponencia diariamente pendiente. El maltrato que sufre por parte de notorios políticos, su desdén para estimarla como el principal bien que compartimos los españoles, deberían merecer la reprobación colectiva. No son ajenos a este desafuero periodistas o tertulianos con gran audiencia. Muchos de ellos se ‘apuntan’ a cualesquier anglicismos, innecesarios; es más, parece que si no los introducen en sus crónicas carecen de ‘pedigrí’. Valga, como ejemplo último, la abusiva incorporación en textos orales y escritos del relativo a trola, mentira, falsedad... Antaño, de 1975 a 1996, con ‘El dardo en la palabra’ Lázaro Carreter, siempre con el oído puesto, iba denunciando el mal uso diario de nuestra lengua. No ha tenido sustituto, y se echa en falta el que la RAE advierta, de continuo, acerca de los errores que se prodigan en los medios. 


No llena de orgullo, a nuestros destacados políticos, el Congreso de Córdoba. Tampoco les merece consideración nuestra lengua en la actual cita electoral: una muestra más de cómo obvian lo fundamental y nos obsequian, los contendientes, con fruslerías y mensajes para un imposible Edén.

16/03/2019AA
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La estatua de los atrincherados en Baler
Por Juan José A. PerandonesVER TODOS SUS ARTÍCULOS

En las vías públicas de las ciudades y en las actas de las sesiones municipales no deja de estar presente la historia de la nación, o, al menos, hechos significativos de la misma. Estatuas y lápidas conmemorativas, nombres de calles –con asignaciones gremiales hasta muy avanzado el siglo XIX– se reparten por doquier, se suprimen y se reponen. La última dictadura dejó todo un rastro de generales en los principales parques y calles de toda España; alcanzada la democracia, con mayor o menor tiento y premura, han ido desapareciendo, a no ser en casos ya excepcionales.


En los últimos años, la irrupción en los ayuntamientos de corporativos que se autodenominan antimilitaristas, anticolonialistas, anticapitalistas, y unos cuantos ‘anti-’ más, viene ocasionando una nueva revisión de la estatuaria y callejero de sus poblaciones. Más allá de los propios del franquismo, con la sustitución de nombres de hijos de la ciudad, o de la nación, ajenos totalmente a cualquier dictadura, cuyas acciones, eso sí, fueron fruto del tiempo que les tocó vivir. Hasta el extremo, incluso, de cuestionar a españoles de gran valía y moralidad pública, como Antonio Machado.



De un tiempo acá, la atención respecto al cambio de nombres de las calles, de colocación de estatuas, la acapara el ayuntamiento de Madrid; para lo cual, no sin chocantes vicisitudes, cuenta con un Comisionado. Entre las propuestas para su renovado callejero se hallaba la del relojero Rodríguez Losada, a petición del pueblo cabreirés donde nació, Iruela. No ha sido este un primer deseo, pues el funcionario Amador Rodríguez a principios de este siglo ya comenzó su particular ‘cruzada’, con la solicitud de una calle, o bien nominar ‘Jardines Relojero Losada’ a las dos riberas del Manzanares. Todo indica que, durante una legislatura más, el ayuntamiento capitalino será desconsiderado con uno de sus más grandes benefactores.



Estos días la actualidad de los órganos decisorios del consistorio madrileño, respecto a esta suerte de homenajes tardíos, está centrada en los conocidos como ‘últimos de Filipinas’. He reparado en ello porque el escultor Salvador Amaya –hijo del astorgano Marino Amaya, que cuenta con numerosas obras en la ciudad bimilenaria, y La Inmaculada de León– acomete, para honrar su memoria, el modelado de una gran escultura, que ha de ser fundida en bronce. La iniciativa del reconocimiento a los soldados que, desconocedores o desconfiados del final de la guerra en Filipinas, se atrincheraron, durante 337 días, hace 120 años, en la pequeña iglesia del poblado de Baler, partió de la Fundación Museo del Ejército y se ha financiado por suscripción popular. Fue un asedio el padecido por este medio centenar de soldados, heroico; y una fidelidad a su patria digna de encomio.



A la hora de votar el pasado 11, por los ediles de Chamberí, el emplazamiento de dicha escultura de Salvador Amaya en su barrio, se pronunciaron favorablemente todos los partidos, menos ‘Ahora Madrid’ –podemitas y carmenitas–. Adujo su representante, Cristina Escribano, que aquellos soldados pertenecían «a un ejército colonial», y que no hay por qué «homenajear a las Fuerzas Armadas por cumplir su mandato constitucional», ni tampoco recordar «hechos de 1898». Nos ahorramos los recientes comunicados para marear la perdiz. La competencia última sobre este asunto corresponde al pleno municipal y la alcaldesa Carmena, una vez más, ante sus ‘variopintos’ concejales, parece decidida a postergar la decisión definitiva para la instalación de la citada estatua; su inauguración la tenían prevista para el 30 de junio. Fecha esta oportuna, en la que el país asiático celebra el Día de la Amistad Hispanofilipina, en virtud de un decreto de 1899, como reconocimiento a la heroicidad de los españoles de Baler.



Me pregunto si estos ediles de ‘Ahora Madrid’ conocerán las penalidades sufridas por miles de pobres soldados, reclutados como siervos de la gleba mientras otros de familias pudientes, previo pago (la redención en metálico o la sustitución), se libraban de ser alistados. Por recordar una realidad aleccionadora, en Astorga en el periodo de agosto 1898 / abril 1899 se vivió una situación dantesca, indescriptible por el estado calamitoso con que llegaban los soldados repatriados desde Cuba y Filipinas; desde los puertos gallegos eran conducidos, preferentemente, a esta ciudad, al contar desde 1896 con una segunda línea férrea, hacia Extremadura, la Línea del Oeste; los que se tenían en pie embarcaban en los trenes hacia sus pueblos de origen.



En la calle central del cementerio astorgano pervive un monolito, instalado en 1899 por la Cruz Roja, en honor a estos repatriados; algunos, pese a los cuidados en los establecimientos hospitalarios y otros habilitados, no pudieron superar las enfermedades infecciosas contraídas en esos países de Ultramar; sus nombres figuran grabados en este humilde monumento. ¿Cuántos no sufrirían y morirían de la ciudad de Madrid?



¿Odisea tal como la de los españoles de las guerras de Ultramar, simbolizada en los últimos de Filipinas, no es merecedora de una estatua, promocionada desde la propia sociedad? A buen seguro, a la mayor parte de la ciudadanía le satisface: pues respétese.







02/03/2019AA

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El don de Rafa Nadal
Por Juan José A. PerandonesVER TODOS SUS ARTÍCULOS

Hay españoles que me parece encarnan lo mejor que desearíamos para nosotros mismos, que son capaces, con sus obras y sus palabras, de hacer y decir aquello que admiramos y que no está a nuestro alcance. No soy un televidente de acontecimientos deportivos, pero cuando juega la Selección Española un campeonato allende nuestras fronteras, o bien un destacado deportista como Nadal disputa torneos y campeonatos, estoy al tanto del resultado final.

Me molesta sobremanera, y entiendo hemos llegado a unos límites de desafección para con nuestra nación vergonzantes –que no suceden en otros países europeos–, cuando no nos rebelamos ante una alcaldesa, o cualquier mandamás, que coloca gigantescas pantallas en las calles para retransmitir alegatos separatistas, pero las veta ante eventos nacionales. Es este un detalle más, de algo más profundo: la mala educación, la falta de respeto institucional, de una serie de personajes que detentan poder por delegación de nuestra fundamental ‘Ley’ y burlan de continuo su reconocimiento, en una serie de actos que se celebran en su nombre: la fiesta del 12 de Octubre, el 40º aniversario de la Constitución… Algunos deportistas, en este sentido, también muestran desprecio de cuanto les beneficia. 


No voy a reparar, de uno de los mejores tenistas del mundo como es Nadal, en sus extraordinarias cualidades deportivas, jalonadas en torneos y campeonatos por los más prestigiados galardones, sino en su don de vida. Hay en su diario acontecer unas pautas de conducta cívica que en ningún momento contradicen sus manifestaciones públicas. Así, en contraste con los interesados, o fraudulentos ‘ronaldos’ y ‘messis’, que arrastran a los estadios multitudes y acaparan, con insulsez, horas y horas de comentarios periodísticos (por tierra, mar y aire), el manacorí cumple fielmente con el fisco español, es decir, es solidario con los conciudadanos de su nación. De la que se enorgullece, y de la que lamenta esa viciosa costumbre que tenemos de menospreciarla y no destacar sus virtudes. 


Nadal es un español que conoce el mundo y sabe que algunas de nuestras conquistas, como la sanidad, son excepcionales: «Cuando viajas, te das cuenta de la suerte que tenemos», suele decir. También que son necesarias las reformas para alcanzar una sociedad que atienda más a los desfavorecidos: «Lo importante es que todos queramos un país mejor, más justo y que nos ayude a mejorar», declaraba recientemente al periodista Enrique Yunta; también lo fútil que es, ante los problemas, las discusiones estériles. 


Es el suyo un talente positivo, como el de gran parte de esa mayoría silenciada que no acaba de tener fiel representación en la política actual, y a la que se le van coartando sus oportunidades por unos nacionalismos territoriales sectariamente administrados, y con convocatorias públicas excluyentes. Suele repetir, ante los entrevistadores: «Soy como usted, o como cualquier otro». Nada considera excepcional en su vida: ni los triunfos, ni algunas derrotas ante Federer o Djokovic. No se asocia a ese ‘divismo’ con que se prodigan gentes del deporte o del espectáculo: nada en él es impostado o simulado. Cuando, en recientes fechas, el agua anegaba Sant Llorenç, como un vecino más se calzó las botas y se puso a achicarla; se le vio un tanto incómodo al ser descubierto por la prensa; y es que a fin de cuentas había ido, con los ‘amigos de siempre’, a poner su grano de arena ante una catástrofe que atañía a un entorno con raíces familiares. 


Es frecuente la costumbre, en los medios, el presentarnos a personas que descuellan en ámbitos políticos, faranduleros…, como dotados de especiales dotes, para la naturaleza, la moda…, cuando fuera de su ámbito su solvencia es mínima; igualmente en cuanto a sus lecturas, entretenimientos… Enlatadas entrevistas nos abruman a diario, sin más provecho que el camelo de aventuras inventadas y la palabrería. Nadal no pertenece a esta especie: celoso de su intimidad, sus gustos son sencillos, su vida familiar, como la de cualquiera de nosotros, sus aficiones, de lo más comunes. Le gusta vivir el mar, la libertad del mar desde su barco, apetencia que ha podido satisfacer. 


Como buen maestro, quiere ‘dejar escuela’, por eso en dos continentes ha abierto su singular academia, para el fomento del tenis en los pequeños: Mallorca y Costa de Mujeres (México). Figurémonos que un día en una de esas comisiones de los parlamentarios, en las Cámaras, planteadas casi siempre como un ring, el invitado y árbitro fuera Nadal, y que con sus habituales palabras les comentase qué son para él la vida, la solidaridad, su tierra, la política necesaria para España y los españoles… Sería corta su intervención, con un lenguaje llano, como es su persona, pero propia, sin duda, del sentir de gran parte de la ciudadanía. 


Con emoción y naturalidad nos representó, como abanderado, en la ceremonia inaugural de los Juegos de Río, en 2016. Una imagen inolvidable, que repite con frecuencia, con el don de la sencillez, que no es otro, en su caso, que el aprecio por la vida, la estima por sus semejantes, y la humildad de considerarse, como bien dice, un ciudadano más «español y del mundo».

16/02/2019AA
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La justa voz de los fiscales
Por Juan José A. Perandones

Finiquitó un Gobierno el uno de junio de 2018 y ocho meses largos después un nuevo Ejecutivo, de Pedro Sánchez, convoca elecciones generales para el 28 de abril próximo. En aquel entonces, la secesión en Cataluña era ya el asunto más espinoso en la política nacional. La asunción de las competencias autonómicas de esta nacionalidad por el Gobierno de Mariano Rajoy, el 27 de octubre / 2017, supuso la sustitución de los altos cargos de la Generalidad, pero en ningún caso de su estructura de poder, antes bien, la propaganda y desafío independentistas se acentuaron, y no digamos una vez celebrados en aquel territorio nuevos comicios autonómicos dos meses después (21 de diciembre).


La vulneración constitucional ha conllevado la prisión provisional para cualificados representantes de la Generalidad y del Parlamento catalanes, los cuales ahora aparecen sentados en el banquillo (menos aquellos que se fugaron y que provocaron la reclusión de sus compañeros). El juez Llarena, pese a las acometidas contra su persona y familia, cuando no el desamparo, ha instruido la causa con gran competencia, y una irreductible voluntad de imparcialidad y sometimiento a nuestras leyes. Nunca, pienso, podremos reconocer, suficientemente, el gran servicio prestado a la nación por este noble ciudadano.



Llega ahora, en suma, la hora de la verdad, es decir, de que los secesionistas respondan de sus actos. No viene faltando, para ellos, un trato deferente, que no consta se haya aplicado a otros presos, desde el cuñado del rey a varios condenados de partidos políticos, como el cuidado de su imagen en el traslado, acceso a la Sala y fuera de ella, la manutención durante el juicio, la permisividad ante la exhibición de los simbólicos lazos amarillos… Están tales gracias justificadas, para no dejar resquicio alguno a un victimismo infundado.



En estos momentos, la fortaleza de nuestra democracia descansa, pues, en la independencia del tercer poder del Estado: el juez Llarena, el Tribunal Supremo –su presidente, señor Marchena, y otros seis magistrados–, y los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena. Dado que están accesibles las intervenciones de los dos representantes del Ministerio Público, merece la pena el dedicar un rato, aunque seamos legos en Derecho, a escucharlas. Nos congratularemos de su alta profesionalidad, y de un propósito didáctico para hacerse entender con un doble lenguaje: el puramente judicial y el asequible para todos nosotros; un afán que no carece de relevancia, también, para los periodistas de casa y extranjeros. 



Gratifica seguir las exposiciones ordenadas, profundas, de estos dos fiscales, cuando, sin detallarlos, ya de primeras, nos hacen recordar los hechos concretos que han supuesto un desafío a la convivencia constitucional; y un desprecio por los derechos de aquellos, fundamentalmente ciudadanos catalanes, que no comulgan con la fractura de la nación. Sin menoscabo de su empeño por clarificar, contrarrestar, el ‘mantra’ de algunos abogados defensores, y el abuso propagandista por parte del independentismo para obviar los actos delictivos, y difundir una idea malévola de nuestra nación, ¡y con qué argucias y medios!



Uno saca la conclusión, no sabe si aventurada, de que los señores Zaragoza y Cadena, además de ratificar la instrucción del juez Llarena en todos sus términos, incluido el delito de rebelión, han dejado, en su primera intervención del miércoles un ‘recetario’ para los políticos y un recordatorio para la ciudadanía de cuáles son los principios garantes de esta democracia nuestra, considerada como una de las primeras del mundo. Dos de entre sus argumentos han despertado, en mayor medida, nuestro interés: los relativos a quién es el sujeto soberano y qué principios guían al Tribunal Supremo.



En cuanto a la soberanía, declaran algo evidente: los depositarios de la misma son todos los españoles, y no una parte de ellos, es decir, que «Segovia no es de los segovianos», ni Gerona de los gerundenses, etc. Más que oportuna es esta consideración pues no faltan políticos que argumentan, o barajan, para salir del paso, que la independencia del Principado ahora no es posible, pero estaría justificada con un 51 %, o más, de catalanes, a favor de la misma. Lo que parece una invitación a que partidos independentistas sigan sirviéndose del poder delegado para inocular, aún más, una incesante aversión hacia el resto de España (el ‘sueño’ último de Junqueras); cuando lo que procedería es detallar las medidas necesarias, inmediatas y de largo alcance, para evitarlo.



El fiscal Zaragoza, en su intervención del miércoles manifestó lo siguiente: «Este Tribunal impartirá justicia con absoluta imparcialidad, total independencia, al margen de lo que se diga, se haga o se informe extramuros de esta sala de justicia, y lo hará cumpliendo escrupulosamente las garantías de los acusados». Algo así como un aviso a navegantes: no habrá intromisión alguna, ni mendaz propaganda, aun menos las advertencias de recurso ante tribunales europeos, que intimiden o desvíen el recto proceder para un veredicto justo por parte de los siete magistrados. Así será, como ya se ha demostrado ante intentos vanos, de suerte que nuestra Constitución será salvaguardada, y con ella los derechos del pueblo soberano.
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2, febrero, 2019







Por caminos torcidos
Puede que esta impresión sea compartida: uno aprecia que en el momento actual hay una disparidad, la más intensa desde la Transición, entre el sentir del común y la gobernanza pública. Finiquitado el terrorismo etarra –no así sus consecuencias para las familias de muchos españoles–, aliviada levemente la crisis económica, es el permanente enredo la salsa en la que se desenvuelve la política nacional.


A los escaños del Parlamento español han accedido nuevos grupos políticos. La crisis desatada, a partir de la quiebra de Lehman Brothers en 2008, ha conllevado un retroceso de la socialdemocracia, cuestionada por su incapacidad de arbitrar soluciones para las clases más desfavorecidas, y medias. En España, ha ido acompañada de sangrantes casos de corrupción, resueltos, o en trámite, por los tribunales, y que han afectado, a partidos mayoritarios, con diversa intensidad; incluso, a la familia monárquica y a algunos afines al ideal comunista. En la ciudadanía cuajó el descontento, materializado en ‘los indignados’ del 15 M / 2011; y de cuyo rescoldo nacería Podemos en 2014. El hartazgo ante la corrupción, en la palestra pública, de destacados conservadores, pudo justificar la llegada al poder del Partido Socialista, pese a su escaso número de diputados; opción apoyada por los secesionistas, al pretender contar con un Gobierno que confiaban fuese acomodaticio para sus espurios intereses; de paso, el líder podemita ejercía de trotero político y muñidor, pues era que ni pintada la ocasión para levantar cabeza. 



La crisis económica ha sido útil al secesionismo catalán, cuyo partido gobernante, ahíto de casos de corrupción, ha derivado en unir a un conglomerado de fuerzas políticas, para declarar la independencia, después de décadas de incubación alimentada, o consentida, por anteriores gobiernos nacionales. De la respuesta constitucional a esta deriva, nació el partido Ciudadanos, el cual ha trascendido tal nacionalidad, anulado a la UPyD, y hoy es ‘bisagra’ en gobiernos regionales y ayuntamientos. El partido de derecha radical, en estado latente hasta las últimas elecciones andaluzas, ha cobrado un destacado protagonismo, cuya espoleta fundamental, que no única, ha sido el desacato a la Ley Fundamental; su personación, como acusación particular, en el juicio próximo al puñado de secesionistas, ante el Supremo, le otorgará mayor notoriedad.



Así, pues, de una alternancia entre conservadores y socialistas, con la muleta interesada, y ‘bien cobrada’, en inversiones y algunas transferencias forzadas, durante varias legislaturas, de los nacionalismos vasco y catalán, hemos pasado a un Parlamento con un nuevo reparto de escaños y un separatismo campante. No parece que hayamos mejorado en el acontecer político, aunque ‘la lección’ recibida por los partidos les hará ser más cautos, bien en cuanto a evitar la corrupción o la ‘ocupación’ de las instituciones. Los asuntos candentes de la gobernanza no se corresponden con los problemas cotidianos que nos aquejan: como las desigualdades entre los españoles en razón de la región en la que viven, la migración de nuestros jóvenes, con una buena formación; la despoblación rural en comarcas del interior, imparable en los últimos decenios; y, fundamentalmente, la carencia de una normativa legal preventiva, respecto al independentismo, y una ley electoral que facilita el que el voto final del ciudadano sea instrumentalizado para coaliciones que le repugnan.



Bien pensado, pese a que la política nacional discurre por caminos torcidos, en pocos momentos de nuestra historia contemporánea la sociedad española se ha mostrado más tolerante y atemperada. Gozamos de derechos civiles como en pocas partes del mundo, en la libertad de culto, de opinión y sexual; igualmente, de algunas singularidades como una sanidad pública excelente y atenta con los más desfavorecidos. Pocos pueblos serán más solidarios ante una conmoción o tragedia que el español; también en las donaciones de sangre o de órganos. Las relaciones entre empresarios y trabajadores discurren habitualmente por el camino de la negociación, y lejos quedan aquellas huelgas generales que hubieron de afrontar anteriores presidentes. Y ello, en una precariedad laboral que sufren, esencialmente, las nuevas generaciones. Quiero decir: que padecimos una larga dictadura y de ahí nuestro deseo, ante todo, de no perder lo conquistado.


En esta legislatura, no parece probable establecer acuerdos esenciales entre los partidos constitucionales, que ya resultaron imposibles en otras épocas de menor complejidad política. El problema creado por los secesionistas será prontamente crucial, tanto por su desarrollo, su resolución judicial, y las determinaciones gubernamentales posteriores. Deberíamos exigir, antes de emitir nuestro voto en la próxima convocatoria electoral para diputados y senadores, la clarificación respecto a qué piensan hacer con los secesionistas (que merecerán condena), y, asimismo, qué coaliciones, de no obtener mayoría parlamentaria, están dispuestos a no llevar a cabo. Menos no se puede pedir, cuando carecemos de una segunda vuelta que nos permitiese depositar nuestro voto con la convicción de su resultado final.

19, 09, 2019

Desde la barrera

El sábado pasado, desde la barrera, pudimos escuchar, en el Hotel Conde Luna leonés, a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Cuantos desempeñan un ministerio, antes y ahora, junto a la compleja labor de gestión de su área han de asumir múltiples comparecencias por España, que los partidos respectivos reclaman. Fue la suya una exposición ordenada, de gran ponderación y sensatez, difícil de replicar tanto en sus planteamientos como en sus propósitos. Estaban presentes varias asociaciones, y ‘plataformas’ surgidas del abandono rural: ambas, que tomaron la palabra, son una muestra clara de cómo la sociedad española tiene un sistema asociativo, reivindicativo, muy bien informado.


Es un hecho evidente que a los ciudadanos de León y de Castilla, no los asiste un sentimiento común, diferenciado, regional, de suerte que la autonomía que un día les configuraron para satisfacer las apetencias de comunidades ‘históricas’, resulta ser un simple hecho administrativo y en gran parte desconocido, en sus atribuciones, por la ciudadanía. De esta suerte, cuando viene un cargo ministerial se le plantean reivindicaciones, como sucedió el pasado sábado, en las que no tiene competencia alguna; ni siquiera de equiparación para evitar flagrantes disfunciones o agravios entre los distintos territorios de España. 



Este es el principal problema, no solo en el área sanitaria, sino en la educativa y social, que padece la nación: unas competencias transferidas sin las debidas reservas para su armonización. Parecen palabras mayores, pero en la vida diaria se constata esta desvertebración; así, acude uno a la farmacia por un fármaco y se puede encontrar a un ciudadano de Vascongadas que se sorprende porque tenga que apoquinar por un medicamento que en su región es gratuito; o escuchar a un estudiante leonés, universitario, cómo no alcanza la nota de corte para una determinada carrera, cuando en algunas comunidades la calificación no obedece a la misma exigencia. Y qué decir en cuanto a las prestaciones que una familia, en situación de desempleo, recibe en razón de la región en que vive. Por indicar un ejemplo más, entre cientos, llamativo es también, que funcionarios públicos con idénticos cometidos perciban retribuciones diferentes (y que, por tanto, puedan ser disputados en la propia nación). 



Las desigualdades existentes entre las distintas regiones de España en los sectores públicos fundamentales, educación, sanidad y asistencia social, casan mal con los principios socialdemócratas, e incluso con los de querencia conservadora, pese a su habitual afán privatizador. Debería ser la preocupación fundamental de los gobiernos, su reparación; junto al vaciamiento de pueblos de la España interior, los cuales, de persistir la actual situación, muchos de ellos están abocados a la total despoblación. Pero no son estos temas los de candente actualidad, sino el secesionismo y el protagonismo que este alcanza, por la capacidad que se le otorga para condicionar no solo unos presupuestos (pese al trato de favor que en estos se les concede), sino toda la acción política. Cuando el ciudadano aprecia una prolongada sinrazón en la gobernanza de su nación, puede verse inclinado a optar por ofertas políticas expeditivas.



Efectivamente, al tablero político se ha incorporado una opción extremista, lo que ha conllevado una reacción ‘pintoresca’: en vez de plantearse de sus mensajes cuáles pueden encontrar justificación, los partidos establecidos se han lanzado a su yugular, como una presa de la que pueden obtener réditos electorales; y en la calle abundan diversos atropellos para con sus adeptos. La principal cuestión radica en si, bastantes de sus principios, que suponen un retroceso para los derechos civiles, tales la violencia contra la mujer o un disparatado planteamiento económico, pueden ser disculpados por un considerable número de ciudadanos, en razón de la ‘histórica’ dejación, o falta de miras con futuro, por parte de los actuales gobernantes (o de los aspirantes). 



En España, permanece en hibernación el conocimiento profundo de las administraciones autonómicas en cuanto a su gestión, es decir, si en realidad el gasto y competencias que ejecutan están totalmente justificados; y si existen recovecos en los que, de forma innecesaria, se han creado fundaciones o similares, como un remedio donde colocar a amiguetes o afines a ‘la causa’. Ya se han encargado los políticos que las gestionan de que no se despierte en la ciudadanía esta preocupación; también de no encarar, los sucesivos gobiernos, las desigualdades existentes. En Andalucía, dado que se ha producido un cambio de titulares después de décadas, será fundamental, para la vuelta al gobierno de los anteriores, o su ausencia, el que haya existido, o no, un uso patrimonial del poder (más allá de la repercusión de los ‘eres’). 



Las consideraciones que apuntamos, so pretexto de la visita de la ministra, son un detalle de una realidad profunda de desvertebración de la nación. De no ponerse a la tarea de remediarla, resurgirá con brío una espoleta, de la que puede beneficiarse una tendencia política, y cuya primera salva ya ha explosionado en Andalucía.


5/01/2019AA
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Las campanadas de Losada y Mecano
Por Juan José A. Perandones

Uno de los lugares significativos de España es la Puerta del Sol madrileña. A ella van a parar mendigos y señoritos, migrantes y desarraigados, gentes del común y exóticos viajeros; tan pronto te pueden sorprender momias vivientes, una manifestación con pancartas, como un grupo bailarín o una pequeña ‘troupe’ con airosas acrobacias. Es para nosotros, los forasteros, lugar de cita, para reencontrarnos con antiguas amistades, aficionados poetas o agradables compañeros con los que, en época vacacional o viajera, congraciamos en un puerto o en la alameda de cualquier ciudad. Porque en una metrópoli como Madrid, con sus anillos expansivos que la circundan con atiborradas torres, se han avecindado familiares, vecinos y muchos con los que uno ha compartido pandilla y pupitre.

Dos comarcas, astorganas y diocesanas, Maragatería y Cabrera, han dejado su relevante impronta en la Puerta del Sol: en la política y la economía, la arquitectura, el tipismo y la tradición festiva. De la primera, el personaje más destacado fue el maragato de Santiagomillas, Santiago Alonso Cordero, parlamentario, concejal, presidente de la diputación madrileña, y gran emprendedor empresarial. Fueron sus Casas, alzadas en el solar del Convento de San Felipe el Real, de 1842 a 1845, el modelo arquitectónico que se aplicaría en la remodelación de la Puerta del Sol, iniciada una década después (y ultimada en 1862); de ahí la uniformidad que hoy contemplamos en todas sus fachadas.


Sentado que el segundo edificio histórico de la Puerta del Sol son las Casas de Cordero, el primero y más relevante es la Real Casa de Correos, de finales del XVIII, concebido para servicio postal, y hoy sede autonómica. Si alguna popularidad alcanza este inmueble, más que por su arquitectura se debe al actual reloj emplazado en la torreta construida en la segunda mitad del XIX, y que albergó a otros precedentes, tan imprecisos, que despertaban las iras de los madrileños y coplillas satíricas, con este remate final: «… este reló es el espejo del gobierno que hay debajo». Fue el cabreirés de Iruela, José Rodríguez Losada, quien satisfizo las aspiraciones de los madrileños, al fabricar para ellos, gratuitamente, el reloj fidedigno que tanto ansiaban. 


Desconocemos de Losada aún datos relevantes de su vida, pero no pocos de su talento en el arte de la horología. La ficción, tan divulgada, por el relato, en verso, que Zorrilla le dedicó en ‘Una repetición de Losada’, forma ya parte de su historia. Oficial del ejército español durante el Trienio Liberal, obtuvo el galardón de Caballero de la Orden de Carlos III. Hubo de exiliarse, por sus ideas liberales, y en Londres sería acogido por el Comité de Ayuda a los Emigrados; en la capital británica, en la relojería de 105 Regent Strett, encontrará trabajo, y llegará a ser el titular de tal negocio, al casarse con la viuda de su propietario. La trastienda de este negocio será lugar de encuentro y tertulia de destacados españoles, además de Zorrilla, de Ramón Cabrera o el general Prim. Su prestigio llegaría a ser reconocido en toda Europa, y la corona española lo designará como Relojero Cronometrista de la Marina. Reposa en el cementerio Kensal Green de Londres, con una inscripción en la que constan su fecha de fallecimiento, 6, marzo, 1870, y su edad, 72 años.


La poca atención institucional prestada a Losada es lacerante. El cronista astorgano, Luis Alonso Luengo, puso gran empeño en rescatar su «vida y genio», con la publicación en 1990 de ‘El reloj de la Puerta del Sol’. En la Navidad de 2014, el entonces presidente autonómico, Ignacio González, colocó una placa con su nombre, en un lugar vedado al público, y el 19 de noviembre de 2016, al cumplirse el 150º de su inauguración por Isabel II, la autonomía organizó una serie de actos en la propia Casa Real de Correos, pero sin presencia municipal. Sin embargo, Losada donó el reloj (a cuya fabricación dedicó tres años), a los vecinos de Madrid, representados en su Ayuntamiento. La Junta Vecinal de Iruela viene desarrollando una incansable labor para reconocer su valía (a la que se han unido notables leoneses), y ha solicitado el nombre de una calle en la capital para tan generoso relojero. 


Si un acontecimiento congrega hoy a gran parte de españoles, es la transmisión de las campanadas navideñas del reloj de Losada. Para despedir este año, en el guion televisivo de Anne Igartiburu y Roberto Leal, constaban nombres famosos, futuros programas, pero por ninguna parte oímos, como es ‘impropia tradición’, mencionar al artífice que ha hecho posible esta celebración festiva (sí, y bien está, mentaron a su conservador, Jesús López Terrada). Mecano en 1988 cantó este sentimiento comunitario en versos como estos «Y en el reloj de antaño / como de año en año /.../. Entre gritos y pitos los españolitos / enormes, bajitos hacemos por una vez / algo a la vez». 


La generosidad de este cabreirés, patriota y avanzado liberal, y la canción de Mecano ‘Un año más’ en la Puerta del Sol, son una invitación, festiva y solidaria, a la unión entre los españoles, en medio de esta turbulencia y animosidad consentida contra la nación, que cada vez más intensamente padecemos.


22/12/2018AA
El estado de la cuestión
Por Juan José A. Perandones

Los prolegómenos y desarrollo, para la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, más han sido, en el caso de Cataluña, los propios para un estado asociado en estado de excepción, que los correspondientes a una región (o nacionalidad) integrada en una nación soberana. Hay aún una tercera acepción –discúlpese tanta redundancia–, para el sustantivo ‘estado’, que es el de la cuestión. 

Más de 9000 agentes –de los cuales mil, desplazados, corresponden a las fuerzas de seguridad del Estado– han sido desplegados en ese Principado para evitar un desbordamiento de las protestas callejeras, abanderadas por los CDR y las dos asociaciones pro independencia, Òmniun y ANC. Se constata, como sucedió el uno de octubre de 2017, en el desafío del seudo-referendo, cómo el Estado ha admitido ser desalojado de agentes propios, y, por otra parte, en qué medida el Gobierno de la Generalidad posee un potente cuerpo policial con el que puede (se probará, en el próximo juicio contra la sedición, con qué malas artes) tanto impedir el cumplimiento de la ley, como incitar a la rebelión en la calle y, al tiempo, controlarla.


Las manifestaciones de los mandatarios catalanes, respecto a considerar la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona como una provocación, y la declaración parlamentaria de rechazo a la Constitución, indican hasta qué punto desde los órganos representativos y de poder se está en el ánimo de acentuar la fractura de la nación. Los partidos secesionistas son un avispero, pero con un interés común: capitalizar y ‘calentar’ el voto separatista; unos como la CUP y la facción del expresidente fugado, junto a los CDR y asociaciones, con cuantas revueltas sean necesarias; otros, como un sector podemita y Esquerra, fiando a más largo plazo el propósito de instaurar una república independiente catalana.


La escenificación plasmada el jueves de dos gobiernos, presentados como rivales y en plano de igualdad, es una comedieta de difícil ‘digestión’. Primero por las atribulaciones de los actores para denominarla, si cumbre, minicumbre, o reunión. Segundo, por el reparto escénico: dos por aquí, que si con flores amarillas, que si con otras rojas furtivas, y otros cuatro por allá; para, al final, todos juntos, obsequiarnos con su presencia en el escenario como cierre de la función. Una función, en realidad, con el telón bajado, pues de lo que hablaron o pleitearon es cuestión de adivinanza; si es que de algo charlaron y no fue todo impostura. No obstante, nos obsequiaron con un manifiesto conjunto, verdaderamente ingenioso, pues no es nada fácil cumplimentar once líneas en cuatro párrafos sin decir nada, y con unas oraciones que se alargan como corriente de arroyo. 


El vocabulario de este manifiesto es digno de estudio, por la sustitución habitual de se acuerda por «se señala», la voluntad de «vehicular» una propuesta política, por consensuar…, y todo ello en un marco de ‘diálogo’, ‘diálogo efectivo’, ‘diálogo’, sin decir sobre qué, concretamente. Lo que sí tuvo que ocasionar un devaneo mental a todos ellos fue el encontrar una expresión para evitar otra, fundamental, y a la que el Gobierno, como respeto a la ciudadanía, no debería haber consentido se suprimiese en tal comunicado que han hecho público: la Constitución Española, la Carta Magna, a la que se han de atener el Gobierno y los mandatarios catalanes. 


Cuidado que se han obviado en estos tiempos las palabras comunes por otras figurativas: «derecho a decidir» por autodeterminación o secesión, ‘process’ por actuaciones para lograr la independencia…; pero las de este manifiesto del Gobierno y los mandatarios catalanes, en aras a omitir las relativas a la Constitución y provocar toda suerte de acertijos y quisicosas en los medios, sobrepasan el común sentido. Están insertas en esta frase del texto: «(se ha de alcanzar) una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica». ¿Cuáles son esas demandas?, ¿y cuál es el marco de la seguridad jurídica?, acaso la Ley Básica de Residuos Tóxicos como garantía de salud, la Ley de Propiedad Horizontal en un inmueble, la Ley del Ruido para garantizar el derecho a no ser atronado en la calle o en casa…, ¿o cualquier otra, pintoresca? 


No es anecdótica, esta omisión de la Constitución, en la reunión de estos representantes públicos, mantenida en Pedralbes: en realidad, tal ausencia intencionada tiene detrás toda una serie de acontecimientos políticos que la han vulnerado, un propósito presente de seguir violentándola; y todo ello financiado con dinero público y al amparo de una Constitución de la que se sirven –y cobran, y gastan– para intentar dinamitarla. Es el ‘caso’ de Cataluña la muestra más palpable de un Estado más que descentralizado, desarticulado. 


Porque el estado de la cuestión es este: más que pensar en nuevas transferencias para los entes territoriales, urge, además del cumplimiento de las leyes, armonizar y dotar a la nación de otras que no dejen ‘cabos sueltos’; normas, en suma, de obligado cumplimiento que garanticen los principios constitucionales en los ya existentes.

8/12/2018AA
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Primer aviso en la España sumisa

Podríamos acudir a cualquier otra semana del año, para constatar cuán convulsa es la realidad de la nación, mas vamos a atender, por su inmediatez, a la más reciente actualidad. Dos acontecimientos han merecido, de forma preferente, la atención de los medios informativos: las elecciones autonómicas andaluzas y la conmemoración del 40º aniversario de nuestra Constitución. Junto a ello, una serie de sucesos, aparentemente de menor calado, no carecen de relevancia.


El resultado electoral de Andalucía ha deparado una sangría de votos para el PSOE, la versión castiza podemita, y el PP; al contrario, Ciudadanos ha duplicado con creces su representación y un nuevo partido, VOX, que parece salido de las catacumbas, ha cosechado un éxito inesperado, de suerte que se convierte en la llave para un nuevo gobierno (del PP y Cs); eso se barrunta, a no ser ocurra algo tan improbable como que el Partido Socialista andaluz vote al candidato centrista y los podemitas comprometan su abstención.



Sea cual fuere el gobierno que regirá los destinos de Andalucía, importan las reacciones, es decir, si un resultado electoral, que puede suponer un cambio en la administración regional, es respetado. No parece que sea así: Iglesias Turrión aprovechó la ocasión para recuperar fuelle, destensado desde que habita una villa en latifundio urbano, y ha identificado el resultado electoral de VOX con el resurgimiento del fascismo. Las consecuencias de su proclama han sido destrozos en el mobiliario público de algunas ciudades, cuando no daños a establecimientos y peligro «para la integridad física y vital» de los trabajadores de los comercios.



La conmemoración de nuestra Constitución no ha sido celebrada por todos los diputados. Como es habitual, los cinco electos del PNV no asistieron, tampoco los separatistas catalanes, en su versión antigua, Esquerra, o ‘naif’, Pedecat, que suman 17. Los dos del partido Bildu, los cuatro valencianos de hijuela podemita, Compromís, y los doce catalanes de En Comú Podem, también hicieron novillos. En cuanto a los de Iglesias Turrión, en su derecho, fijaron en la solapa una chapa, como emblema republicano, plagiado de una marca comercial; idéntica insignia lucía Garzón, de IU, palafrenero del líder morado. Nada que recriminar, si bien, como es habitual en ellos, para llamar la atención representaron una vez más su jerigonza desde las gradas del corral de comedias.



Sin tanto ringorrango periodístico, no son menudencias otros aconteceres de estos días. Por mencionar algunos: PNV y Bildu aprobaron en el parlamento vasco una moción, que recoge la apreciación de una «base antidemocrática e históricamente falsa de la Carta Magna». El Rufianesco, de avinagradas astracanadas, ha llamado carceleros a cuantos asistieron a la conmemoración constitucional; Otegi, exmiembro de la rama político-militar de ETA, abundó en la misma idea, y Torra, para quien somos hienas con una tara en el ADN, ha manifestado que nuestra ley de leyes es para los catalanes una jaula; igual trino ha gorjeado Puigdemont. 



No solo asistimos a declaraciones: el partido centrista acaba de sufrir las iras de exaltados en el Liceo barcelonés; en Gerona y Tarrasa los ‘mossos’ tuvieron que contener a violentos con buenos mamporros, para que no agredieran a ciudadanos que querían celebrar, públicamente, la Constitución. Con la paradoja de que su jefe máximo, Torra, ahora abre una investigación contra ellos para sancionarlos. Al tiempo que suceden estos y otros acontecimientos, la asociación de la guardia civil, y la UGT, navarras, solicitan al Gobierno paralice el expediente de traspaso de las competencias de tráfico, que supondría una victoria para el gobierno foral, pro independentista y con animosidad ‘histórica’ hacia este eficaz cuerpo de seguridad nacional. Con la habitual zorrería, el PNV presiona al Gobierno para el traspaso de la dirección de las cárceles vascas.



Esta rabiosa actualidad que sufrimos: ¿quién la pone en solfa?; ¿son mayoría?, ¿o es una minoría que impone, indirectamente, sus criterios a la nación? ¿Y por qué?, ¿y a cambio de qué? Por el problema endémico, de falta de sentido de estado de cuantos, antes y ahora, dirigen los partidos constitucionalistas; hoy es uno, y ayer, para mantenerse en Moncloa, fueron otros. Nuestra ley electoral, sin segunda vuelta, tal y como está concebida, no garantiza tampoco al ciudadano que al final sepa quién le va a gobernar, de suerte que se efectúan los pactos más estrambóticos y dañinos, como sucede actualmente por todo el territorio nacional. 



Ante tanto descontento acumulado refulgen, como una espoleta, partidos como VOX, que al rebufo de ofrecer soluciones expeditivas para cuestiones como la unidad nacional, pretenden un retroceso en los derechos individuales y sociales. Como al diestro que recibe de la presidencia, con pañuelo blanco y clarín, el primer aviso, antes del segundo y el tercero, para no devolver, maltrecho, al toro a los corrales, han llamado la atención con su voto, o silencio, muchos andaluces. De persistir en los pinchazos al electorado, muchos más votantes en la España sumisa cambiarán de tercio y lo fiarán todo a otros toreros.


24/11/2018AA
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La discriminación patrimonial de las pequeñas ciudades

A nadie se le oculta la importancia que tiene, en las ciudades y pueblos con un patrimonio monumental, el que sus vecinos, en primer lugar, lo estimen como rasgo de su identidad, y como un recurso económico. Su preservación, precisamente, depende de ello: de una cuestión de educación y aprecio cultural, que propicie superar la animadversión que en algunos particulares, o sectores influyentes, produce el inconveniente de su conservación. Los ayuntamientos deben ser los principales actores, y son los regidores los que han de encarar las protestas de los particulares, quejosos por los inconvenientes específicos que otros ciudadanos no han de sortear a la hora de construir o remozar su propiedad. 


Cada población patrimonial tiene su propia y anterior trayectoria en la conservación; y también en la adulteración o destrucción de sus preciados bienes, con unos responsables públicos, y la existencia de particulares o colectivos indebidamente beneficiados. La democracia nos ha traído una nueva concepción de la ciudad, que se ha inspirado, en parte, en el quehacer tradicional de avanzadas urbes europeas; concretamente, en lo relativo al patrimonio, en la ponderación de la repercusión que tiene para la vida del ciudadano que las habita. No se puede dejar de reconocer que el avance en España, en tema tan trascendental, con complejas implicaciones sociales, resulta innegable. Motivado por la asunción de responsabilidades por parte de las corporaciones municipales democráticas, y por la dotación de organismos eficaces, primero estatales, y con las transferencias, posteriormente regionales, con competencias propias de supervisión de los proyectos de edificación y de mejoras en el viario urbano.



Estamos, pues, en 2018, en una situación nueva, con unos bienes restaurados en grandes y pequeñas ciudades, asimismo en destacados pueblos de escasa vecindad. Llegados a este extremo, cabe el plantearse si para la conservación, atención y difusión de este patrimonio las ciudades y pueblos gozan de igualdad de oportunidades. Evidentemente, no. Mientras las capitales provinciales cuentan con mayores recursos económicos, directos, incluso con dotaciones de cuyo mantenimiento y administración no se han de responsabilizar, pues se hace cargo de ellas el Estado o la autonomía, como bibliotecas, museos, oficinas de turismo…, la pequeña ciudad ha de asumir, sin apenas recursos –pero sí capacidad de gestión–, tamaña responsabilidad. El caso de los pequeños pueblos requeriría una atención diferenciada y específica. 



Como un caso válido, aunque extremo, de esta discriminación, podemos fijarnos en la ciudad de Astorga. Al igual que tantas otras poblaciones viene laborando por uno de los recursos fundamentales para su supervivencia: el atractivo turístico ligado al patrimonio y a la gastronomía y repostería; en un entorno comarcal muy atractivo, etnográfico y paisajístico. Decíamos caso extremo, pues junto a los importantes bienes arquitectónicos, el ayuntamiento astorgano ha de hacerse cargo del legado soterrado más importante del noroeste peninsular, el arqueológico; y de sus propios museos, fundamentados en su pasado industrial del chocolate y cereal, en su ‘capitalidad’ romana y, al tiempo, en su acervo literario –que es arquitectónico y documental–. 



¿Qué recursos recibe una pequeña ciudad como Astorga para soportar el gasto del mantenimiento o remodelación, administración y difusión de bienes culturales, que más allá de lo local están imbricados en la historia de nuestra civilización? Pues pese a la carga que supone para un escaso presupuesto municipal, pocos, apenas ninguno. La precariedad es la palabra con que definir la situación en que se desenvuelve el patrimonio y su promoción, con ayudas temporales, para contratación de personal ‘turístico’ o de atención en los propios museos.



La riqueza patrimonial de una ciudad es un bien universal, y de esta premisa deberían partir las instituciones regionales y estatales, que son las que cuentan con mayores recursos, cuando no la propia y legal competencia. Están muy acostumbrados los responsables de las administraciones en España a cubrirse las espaldas con cónclaves, comparecencias, que reportan bien poco, pues suelen ser un socorrido pretexto para estar en el candelero. Mas la propaganda debería ser sustituida por la eficacia; como, por ejemplo, que en los presupuestos de las administraciones supramunicipales se contemplase siquiera, en razón de sus competencias pero que los municipios sufragan, una aportación fija a estos últimos, con carácter anual. Pues la precariedad conlleva una gestión ineficaz, un deterioro de los bienes y una proyección con repercusiones hacia el exterior muy negativas. 



De ser atendida la anterior demanda, para las pequeñas ciudades ‘históricas’, no solo se iría solventando la discriminación que padecen, sino que se ganaría en imagen y profesionalidad. Dado, por otra parte, que las ciudades o villas patrimoniales suelen ser cabeceras comarcales, sería también posible, con recursos, el abordar planes estratégicos, conjuntos, para el área de su influencia. Obtendríamos, así, una eficacia doblemente provechosa.


10/11/2018AA
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No cometerás ‘faltas impuras’

No es verdad que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero para la ortografía probablemente sí. El escolar que pretendía cursar el Bachillerato, en el periodo comprendido entre 1953 y 1970, debería, en el año que cumpliese diez años, superar la Prueba de Ingreso. Algunos lectores quizás lo recuerden: el dictado, en el que no se podían cometer más de tres faltas de ortografía, las operaciones matemáticas, los mapas colgados en los que había que distinguir ríos, cordilleras…, y otras cuestiones de cultura general. Examinaban unos profesores de instituto, desconocidos, que para un niño suponían mucho respeto, y si superabas las distintas pruebas, la calificación obtenida era ‘Apto’; y el ‘No apto’ conllevaba volver a la escuela para presentarse de nuevo al año siguiente. 


Hay quienes atribuyen a la exigencia para aprender una actitud dictatorial, cuando no excluyente y discriminatoria. Sin embargo, estudiar supone un esfuerzo y una disciplina, sin los cuales no es posible adquirir unos conocimientos, y tampoco el que despierte en uno la imprescindible curiosidad por llenar de contenido las palabras, tanto las comunes como las propias. De la enseñanza han desaparecido pruebas externas, a cargo de profesores funcionarios, para acceder a la enseñanza secundaria, de suerte que donde en las décadas antes citadas existían, además de la Prueba de Ingreso, dos reválidas y el examen de acceso a la universidad, en la actualidad solo pervive la última. No obstante, habría que reconocer que el anterior bachillerato, BUP y COU, garantizaba una mayor homogeneidad en las aulas, y que la opción profesional, a los 14 años, propiciaba la formación cualificada para determinados oficios y profesiones, sin el apartamiento total de una cultura humanística.



Desde 1990, en que se implanta la Logse, los zarandeos en los currículos educativos han sido constantes, lo cual no deja ser la manifestación más palpable de una política de poco vuelo, tan cainita para con el principal tema que representa la entidad de un pueblo. A ello hay que sumar el desbarajuste creado por las condiciones con que han sido transferidas las competencias de educación a las regiones y comunidades, y el desentendimiento de los gobiernos por tomar medidas eficaces de armonización, sin pruebas comunes para todo el Estado, incluidos el temario y tribunal de oposiciones; o sin competencias para decidir los libros de texto, cuando no un aprendizaje ajeno, o manipulado, de los hechos culturales, históricos, que fundamentan la existencia de la nación.



Factores tan diversos, como los reseñados, y otros nuevos surgidos con las nuevas tecnologías, vienen perjudicando el dominio de nuestro principal bien educativo: la lengua, el español. Por muchas teorías de pedagogos, sicólogos y sociólogos (a los que se les ha dado un papel predominante en los diseños de la enseñanza, en detrimento del parecer de los más competentes, los profesores), la corrección lingüística se alcanza sin sofisticadas estrategias curriculares. Según el profesor Alarcos, es «una cuestión puramente de uso y perfeccionamiento particular de cada uno. Y eso solo se consigue leyendo, hablando y escribiendo». No es esta la única reflexión de este insigne académico, sino que denunció cómo los profesores en vez de enseñar lengua se ven obligados a impartir gramática, cuando hasta la adolescencia no es procedente exigir apenas teoría gramatical. 



Leer, hablar, escribir, con soltura y corrección son, por lo que se comprueba en la actualidad, competencias de las que carecen muchos opositores a la enseñanza; y ello explica el que en distintas autonomías, en las que se penalizaron las faltas de ortografía, hayan quedado este año vacantes el 9,6 % de las plazas convocadas. Como si fuera un nuevo descubrimiento, grandes titulares en los medios informativos han abordado este fracaso, que solo ha sido verificado en algunos territorios. Mas solo hay que ir a sus páginas en Internet, antes de la corrección para la versión impresa, y comprobar la existencia de errores garrafales, que no se hubieran aceptado para aprobar un niño la antigua Prueba de Ingreso.



La desestima por el español en el uso ortográfico, en la aceptación gratuita de anglicismos y en lo no menos dañino, por la supina ignorancia de lo que es una lengua por cuantos lo quieren imponer, el llamado ‘lenguaje inclusivo’, amenazan la esencia de nuestra cultura, que se expresa esencialmente con palabras; y la propia unidad de una lengua propia de unos 500 millones de hablantes. 



Resulta que en aquellas décadas de los pasados cincuenta, sesenta, sin bibliotecas públicas, se gozaba la lectura con el préstamo por las librerías (previo abono de una pequeña cantidad) de manoseados relatos, y apenas se cometían faltas de ortografía; y, ahora, que ‘cunde’ el derroche en libros lujosamente ilustrados, hasta hay aspirantes a profesores que carecen de la competencia fundamental para ejercer la docencia de la lengua y la literatura.



Y, entretanto, la educación, a la que si algo le conviene es responsables discretos y un trabajo concienzudo en su concepción, sigue siendo motivo de rivalidad y de propaganda en pildoritas.


27/10/2018AA
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Más de lo mismo

Con motivo del cuadragésimo aniversario de la Constitución del 78 se han organizado una serie de actos, institucionales, y de iniciativa social, para su conmemoración. Por ahora, y a la espera de que pudiera haber un debate entre los cuatro políticos más notorios de la nueva generación –deseable sería–, el que entiendo de mayor interés, no tanto por sus aportaciones sino por sus carencias, es el establecido entre los expresidentes Felipe González y José María Aznar. El Colegio de Arquitectos madrileño fue la sede que acogió estas conversaciones, el pasado 21 de septiembre, bajo la dirección de la veterana periodista Soledad Gallego Díaz.


El planteamiento de este debate contemplaba el abordaje de tres apartados: acerca de la vigencia de la Constitución, de los riesgos y ventajas de su reforma, y sobre su capacidad de adaptación en tiempos de crisis. Ambos mandatarios, Felipe con mayor concreción al haber sido uno de los líderes de la Transición, alabaron el consenso al que llegaron participantes de la Dictadura y políticos exiliados o silenciados. Coincidieron en que cualquier reforma constitucional ha de partir del reconocimiento de que la soberanía reside en el pueblo español, y que la relación entre el poder autonómico y el de la nación española ha de basarse en la lealtad. Aznar, por su parte, defendió e insistió en que antes de encarar cualquier análisis concreto lo urgente era restablecer la legalidad constitucional. En cuanto a atribuir a la Carta Magna carencias para abordar la crisis, matizaron que las soluciones no dependen de la misma, sino de la propia acción política.



En qué consistía, concretamente, la aportación del federalismo, que sostenía Felipe, o de otras novedades por parte de los dos, quedó durmiendo el sueño de los justos, como viene siendo, de forma cansina, el habitual discurso de los políticos más proclives a reconsiderar la Ley Fundamental. Decía, al principio, que fue una conversación poco novedosa, porque obviaron cualquier responsabilidad, o errores si se quiere, respecto a lo que fue permanente ‘fantasma’ durante el debate: la felonía de los gobernantes catalanes. Los atropellos que en esta nacionalidad han sucedido, la burla permanente del Estado, la desigualdad existente en prestaciones o servicios entre los españoles en razón de la marca autonómica, las dificultades para contar con iguales derechos en todo el territorio para acceder a la administración pública, la marginación anticonstitucional de la lengua, el español, que nos es común…, y un sinfín de lo que difuminan con el sustantivo ‘disfunciones’, no merecieron para los dos expresidentes meditación alguna.



Tampoco distinguieron si algunas de las transferencias que hicieron, y sus condiciones, fueron por convencimiento o por necesidad de mantenerse en el poder con el voto de los nacionalistas. Ni siquiera reflexionaron en qué erraron, para que, por ejemplo, las fuerzas de seguridad del Estado, no tengan edificios oficiales donde alojarse a la hora de ser destinados a Cataluña para poner freno al desacato de nuestra Constitución; o que en la enseñanza puedan alegremente algunos profesores inocular un sentimiento antiespañol o se ignore o tergiverse lo que nos es común, lo que nos une en el devenir histórico. En suma: qué se ha facilitado, qué resortes del Estado han sido abandonados, para que haya sido posible el intento de secesión y su posterior oprobio, que a diario contemplamos.



Las anteriores consideraciones, que pueden ser de mayor alcance, no merecieron atención alguna para los dos expresidentes, que se circunscribieron a sentirse muy satisfechos de lo que les ha correspondido en el ‘desenvolvimiento’ constitucional. Que es para estarlo –y aplaudirlo–, pero se echó en falta el reconocimiento de no haberse fajado para llegar a algunos acuerdos fundamentales, por ejemplo, pactos o abstenciones a la hora de los presupuestos, en aras a no hacer forzadas e imprudentes concesiones a los nacionalistas. Pues la cuestión es si, fruto de la gobernanza, se han ido enquistando, recreciendo, problemas que no tenían que haber existido o, al menos, deberían haber sido sofocados.



Por lo que se atisba, dado que las encuestas, sin contar la singular ‘simpatía’ última del CIS, no ofrecen la posibilidad de un gobierno de centro izquierda, centro derecha, o de izquierdas, sin el auxilio de los nacionalistas o separatistas (en comandita o no con los podemitas), nuestra Constitución deberá encajar nuevos desafueros y tendrá que continuar siendo la justicia, que no los Gobiernos, el pilar que la sustente. Licenciada la alternancia bipartita, y existente ahora el cuatripartidismo, el ejercicio de la política sigue siendo parecido, si no más negativo y puntillero que en la era de estos dos expresidentes y sucesores.



Se ha acentuado la primacía de lo inmediato, por mantener el poder, por acceder al mismo, o deteriorarlo; y no la altura de miras, un sentido de Estado orientado a un horizonte despejado, para la unidad de la nación y la igualdad entre sus ciudadanos. Bien pensado, pese a tanta zozobra en que gravita la actualidad, asistimos a más de lo mismo, pero con un tufo rancio que echa para atrás al más pintado.

13/10/2018AA
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La receta periodística de la filial podemita

El mismo día en que el líder podemita firmaba en Moncloa junto al presidente del Gobierno el borrador de presupuestos, su filial catalana (‘Comú Podem’) defendía en el parlamento autónomo de esta nacionalidad unas propuestas de resolución. La que ha trascendido a la opinión pública es la relativa a la reprobación del rey, que contó con sus votos, los de esa amalgama que viene del transmutado partido pujolista una vez se constató la ratería del ‘tres por ciento’, JxCat, y la izquierda tradicional republicana, ERC. 


Con ser importante la aprobación de la anterior resolución, en uno de cuyos puntos se contempla el citado menosprecio al rey, la mayoría de las restantes no deberían pasar desapercibidas, por el lenguaje mesiánico, con esas manidas frases voluntaristas que a tantos sirven de comodín panfletario. Una de ellas merece especial atención, la última, que lleva por título ‘Por la lucha contra la ultraderecha fascista y racista’. Comienza el texto de la misma con la manifestación de una gran preocupación por tales tendencias políticas en Europa y en el mundo, sin analizar las causas que las originan, para a continuación solicitar que en ningún caso se alimenten o faciliten debates propios con los ideales de esos grupos en ese parlamento autónomo. 



En realidad, en Cataluña, el totalitarismo agresivo está ante todo representado y hasta animado en la actualidad por los comandos que se autodenominan Comités por la Defensa de la República (recuerden qué caudillo tienen, el mandatario Torra, que les pide eso de «presionen»). Entre sus últimas hazañas se cuentan cortes de carreteras, ‘señalar’ con pintadas establecimientos, apalear a varios miembros de la Jusapol, a uno hasta romperle la cara, y desbordarse a las puertas del Parlament. Dado que estos comandos ultramontanos bien pueden ser incluidos en la nómina de «fascistas y racistas», no merecen discusión en el parlamento catalán; así que ahora, por fin, ya logro entender cómo respecto a tantos actos violentos, a la marginación o persecución de ciudadanos que no siguen el ‘conductismo’ separatista, los podemitas catalanes se lavan las manos como Pilatos. 



Otra cuestión que trae en un sinvivir al conglomerado morado del Condado, según se aprecia en la citada proposición contra el fascismo y racismo, es la difusión de estos perversos males. Para controlarla o evitarla solicitan que «los medios de comunicación públicos, y todos aquellos de comunicación que funcionan con licencia otorgada por la administración pública o reciben subvenciones públicas, han de dejar de colaborar en difundir la agenda política que facilita el discurso de la ultraderecha». Concretan y dan lecciones a los periodistas de cómo tienen que llevar a cabo su sumiso trabajo: no presentar como un grave problema delitos que den la sensación de inseguridad ciudadana, no generar una sensación de emergencia por los ‘flujos migratorios’; nada de esto, sino se ha de dedicar la mayor parte del tiempo de emisión a problemas como las listas de espera en los servicios públicos, los relativos a la salud, a la contaminación…



Y no satisfechos con facilitarles a los periodistas la traza de programación para radios, televisiones, o el guion de artículo y reportajes, como consejeros áulicos con la cartera del pueblo en el bolsillo, se adentran en el campo de la sensibilidad propia: con ternura les sugieren que no se dejen llevar por visiones parciales, por emociones que pueden «alimentar argumentos basados en sensaciones», porque la comunicación «no es neutra» ni inocentes sus efectos. Aunque parezca sorprendente, texto tal fue aprobado sin matices por ellos mismos y los separatistas, como la receta que se han de administrar todos aquellos informadores que trabajan o viven del ‘momio’ de la Generalidad. 



Es un hecho palmario el que en Cataluña sus mandatarios vienen sirviéndose de los medios informativos financiados con fondos públicos para la causa secesionista; también, como no sucede, en relación a la cuantía, en ninguna otra nacionalidad o región de España, con qué regalía ‘mantienen’ un gran número de medios privados, verdaderos chupatintas del poder, especialmente los digitales, que pululan por doquier. Pero esta no es la preocupación de los podemitas, no entra en el ámbito del «fascismo y el racismo»; les quita el sueño que los informadores cuiden «sus sensaciones» en aquello que no atañe a la inoculación de la ideología segregadora. Aunque no lo parezca, son fieles discípulos de Iglesias Turrión, al que le avispa sobremanera el control, o «disciplina» a unas directrices, de los medios de información. 



La proposición podemita, a saber si leída y meditada, fue aprobada en el parlamento catalán por los partidos ya mencionados. Ni una palabra en ella en defensa del verdadero fascismo y racismo que ‘cunde’ en Cataluña y a tantos españoles segrega o hace la vida imposible; y ni una mención a la parcialidad de sus medios de información, antes bien, su preocupación son «las sensaciones», las «emociones» que no han de atribular a los periodistas que dependen económicamente de la Generalidad, ya sea por propia entrega a ‘la causa’, o por necesidad.


29/09/2018AA
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El bucle de la educación

En la pasada primavera, aún estaba vivo el caso de la disfrutada beca a distancia del diputado Errejón, en una jefatura de departamento afín de la universidad malacitana, y adquiría notoriedad el tingladillo del máster obtenido por la presidenta de la autonomía madrileña, Cristina Cifuentes, en un llamado Instituto de Derecho Público, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y dirigido por un profesor llamado Álvarez Duque. Al tiempo, se cumplía un año desde que el sindicato Asociación por la Mejora de la Enseñanza Secundaria en Cataluña (AMES) reclamase la elaboración de informes oficiales acerca de la idoneidad de los contenidos de los libros de texto catalanes. 


En lo concerniente a la educación universitaria, vienen deparando la atención informativa nuevos y abundantes casos de posibles o probadas prebendas para representantes públicos, en la obtención de títulos o convalidaciones. Con un galimatías tal, por parte de los afectados y de los comunicadores, que aquel español ajeno al mundo universitario puede, finalmente, otorgar similar importancia a los antiguos cursos de doctorado o de Tercer Ciclo, que no son finalistas, sino una capacitación previa para la elaboración de una tesis, que a un máster anual, el cual sí facilita un título con que puntuar en oposiciones u obtener merecimiento en la empresa privada. La obtención del doctorado es el culmen de la formación académica, requiere años de dedicación investigadora, ha de aportar ideas originales, nuevas, a la ciencia o a las humanidades, y permite acceder a la enseñanza universitaria y alcanzar gran consideración en empresas ‘punteras’.



Lo aventado en estos últimos tiempos, respecto a los másteres y doctorados de algunos miembros de los dos principales partidos políticos, requiere la redacción de una comedia de enredo, con entremeses y bailes en los entreactos, loa de apertura y la típica mojiganga final con danzantes enmascarados, extravagantes. En la representación, algunos finalizarán su papel antes del tercer acto (si ahora fuese), pues como bien sabemos se han visto obligados a dejar sus cargos públicos después de afrontar una bochornosa escenificación. Como han de existir jueces, el enredo será mayor de lo acostumbrado, con predominio de lo trágico sobre lo cómico, dada la melosa vinculación de las damas y galanes doctorandos con los preclaros doctores examinadores; y no ha de faltar el gracioso o confidente, que lleva y trae los secretos mejor guardados. La comedia podría llevar el título de ‘Las moscas en la miel’, por el especial olfato de los políticos en cuestión para degustar un único panal, aquel donde moran las abejas del Instituto del profesor Álvarez Duque.



Con ser el anterior enredo digno de público repudio y condena por los ‘tratos de favor’, es una bagatela comparado con la relevancia de la edición de los libros escolares por autorización de algunos gobernantes regionales, con especial ahínco los de Cataluña. La educación que recibimos, lo que hemos de aprender en los años de infancia y adolescencia, nos aporta múltiples valores, para la concepción del mundo, los avances de la humanidad, el aprecio a nuestra patria, a la lengua materna, y a otras existentes en el entorno. De ahí que los gobernantes, cuanto más autoritarios más intervienen –en una nación, o en una autonomía dentro de ella–, para acomodar el pensamiento de los educandos a sus espurios intereses. La existencia de esta perversión, en territorio catalán, viene siendo denunciada desde hace lustros, pero los gobernantes de la nación, sus responsables máximos, vienen escondiéndose, como taimados, para no reconocer su veracidad. Semejante comportamiento aplican al incumplimiento de determinadas leyes constitucionales; incluso se desentienden de lo dictado por los fallos judiciales, el más clamoroso el relativo al uso mínimo del español en el currículo educativo. 



Ya hace más de un año, como mencionábamos con anterioridad, que ante las múltiples denuncias sin respuesta, por parte de colectivos, asociaciones como AMES, el anterior Gobierno proclamó a los cuatro vientos que encargaba un informe sobre la manipulación de los libros de texto (encaminados a ignorar o despreciar aspectos fundamentales de la nación española). En este intervalo hemos descubierto que existe una Alta Inspección del Estado, pero sin atribuciones; y el desamparo, por parte del Gobierno, de hijos de guardias civiles, o de otros españoles que se alzan contra la arbitrariedad en el ejercicio docente. Cierto es que existen muchos informes, particulares, incontestables, sobre la ‘conducción’ educativa por parte de los secesionistas catalanes y sus tentáculos. Pero especialmente importa el resultado de ese informe oficial encargado por el anterior Gobierno, que ocultó, y estos días de actualidad al negarse el actual a hacerlo público, con una serie de peregrinas consideraciones, cuando la fundamental es evitar asumirlo. 


Si abochorna el comprobar los vasos comunicantes entre algunos políticos y determinados ámbitos académicos, mayor preocupación entraña el bucle en el que se regodean los que procuran inocular, en la enseñanza, un despego hacia nuestra nación.

5/09/2018AA
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Catedrales deshojadas

Cualquier población en la que a uno le toque en suerte nacer tiene su encanto: en su caserío, su vecindad y su paisaje. Mas crecer en una ciudad de raigambre episcopal, con altas torres y espléndidos vitrales, es una fortuna para la espiritualidad, el conocimiento y los sentidos: no hay en la ciudad mojón arquitectónico más relevante que las catedrales. Y si uno intenta adentrarse para comprender todo lo acontecido en ellas y qué las hizo posible, desde la colocación de la primera piedra, nunca satisfará del todo su curiosidad. Resultan inabarcables sus muchos atractivos, pues contienen pintura, escultura, arquitectura, música (en sus antifonarios, órganos, campanas y relojes), orfebrería, códices, suntuoso vestuario y significativos sarcófagos y sepulturas. Son fruto del acontecer de un largo tiempo, de una labor dilatada, inspirada en una gran simbología; y en ellas se ha ejercido un pasional oficio artesano, pues hasta los pináculos que anhelan cielo, aunque no los alcance jamás la vista, han sido tallados con primoroso esmero. 


Contamos los leoneses con dos importantes catedrales, en Astorga y León; la primera, cátedra de obispo para una diócesis que, aunque en tiempos fue reducida, aún conserva arciprestazgos en tierras de Orense y de Zamora. Su conservación y mantenimiento, a través de los siglos, supone un reto importante para ambos cabildos y obispados, dado ese ingente patrimonio con que cuentan edificios de tan gran dimensión; como dificultoso resulta para los canónigos mantener vivos los propios oficios en la catedral, pues hoy en día han de atender, al tiempo, lejanas parroquias y otros cometidos pastorales. Han ido desapareciendo actividades esenciales como las capillas musicales; de hecho, el último maestro con que cuenta hoy León y Castilla es don José María Álvarez, en la catedral astorgana. 



Ambas catedrales se construyeron para el culto y convivencia ciudadana (como sus predecesoras románicas) y ahí están, con una nueva sensibilidad de las instituciones, pues han sido cuantiosas las cantidades invertidas en su conservación o rehabilitación (labor que no finalizará nunca); también velan por ellas asociaciones de seglares, que organizan actividades religiosas y culturales. Desde niños nos han sorprendido, o emocionado, por su majestuosidad, sus volteadas campanas, los variados registros de los órganos, las escenas, oro, carmín y cobalto, de las vidrieras… Han deparado a través de los tiempos una ingente literatura (universal y local), como la ofrecida por Julio Llamazares, viajero por las catedrales leonesas y de toda España, para «deshojarlas como rosas de piedra», desde el uno de septiembre de 2001, en Santiago, hasta el pasado Viernes Santo, 30 de marzo, en San Cristóbal de La Laguna. 



Acaba de publicar Llamazares el segundo volumen (la presentación del primero, ‘Las rosas de piedra’ tuvo lugar en la catedral leonesa el 22 de mayo de 2008) sobre este empeño de tantos años que, según él mismo, responde «a la fascinación por las catedrales, desde que era niño y vi por primera vez en compañía de mi padre; y luego también el deseo por conocer el país en el que nací y en el que vivo más a fondo. Porque lo que parece un libro sobre catedrales es en realidad un libro de viajes por España a través de sus catedrales». No es propósito vano desplazarse, una y otra vez, al encuentro de los 75 templos mayores de España, cuando para el viajero no importa tanto la visita como cursar estancia. De esta suerte, en ambos tomos, al lector no solo nos ofrece datos históricos, artísticos o legendarios, sino el pálpito de la ciudad en que la catedral está enclavada, con el azar de los personajes que dentro de ella o en las calles el viajero encuentra. Este pálpito presente es, al tiempo, en Llamazares un continuo y contrastado pálpito pasado. 



A propósito de la segunda entrega sobre las catedrales, ‘Las rosas del sur’, centrada en Madrid, Extremadura, La Mancha, Levante, Andalucía y los dos archipiélagos, he sentido la necesidad de volver a las páginas incardinadas en nuestra ciudad. Según cuenta Llamazares, llega en una mañana, bien temprano (del verano de 2002), y al entrar en la catedral se percata de unos obreros que están emplazando unas vidrieras; al tanto están el autor de las mismas, Benito Escarpizo, y los donantes, los sacerdotes Velado Graña. El periodista Martín Martínez, que en 2006 sería nombrado cronista de la ciudad, se explaya en explicaciones sobre tan majestuoso templo y manifiesta su desacuerdo por el reciente entablamiento de la vía sacra; el papel de cicerone, una vez finalizada la visita, lo desempeñó su amigo, el pintor Sendo.



Sí que es verdad, como Llamazares dice, que en la historia de las catedrales está representada la propia de las ciudades, y de sus gentes. En mayor medida para los que vivimos en ellas, pues en esta relectura, suscitada por tan gratificante prosa a lo largo y ancho de España, uno aprecia cómo se evapora el tiempo, que no puede abrazar ya a algunas de esas personas mencionadas y muy queridas, pero su escritura, sus vidrieras, en el propio templo que los inspira, permanecen para hacer más intenso el fluir de nuestra vida.

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